En Entre Ríos existe una vasta normativa legal que ampara la integración en la escuela pero su puesta en práctica con frecuencia se ve entorpecida.
Marcela y Roque supieron de las marcas feroces de los estigmas.
Recorrieron con paciencia y temor, ansiedad y esperanzas cinco escuelas distintas y en esas cinco escuelas distintas la respuesta fue la misma. No. Ninguna de las cinco escuelas que Marcela y Roque visitaron aceptó recibir a su hijo Facundo. Facundo es autista.
Cada día, Facundo va a la Escuela Especial Carolina Tobar García, aunque por recomendación de la neuróloga, los padres buscaron que compartiera su formación en una escuela común. Eso hicieron, buscaron, hasta que al fin consiguieron que una directora, una comunidad escolar, docentes, padres y alumnos aceptaran a Facundo. Ahora el chico asiste tres veces a la semana, durante una hora, a la Escuela Tabaré.
Pero antes, Marcela y Roque transitaron un camino difícil. Sólo la perseverancia de llegar hasta el presidente del Consejo General de Educación (CGE), Oreste Felipe Ascúa, les dio la posibilidad de que Facundo contara con un docente especializado que lo atendiera. Aunque no es una integración pura, sino lo que técnicamente se denomina como matrícula compartida.
La legislación no se cumple
En Entre Ríos existe una vasta normativa legal que ampara la integración en la escuela pero su puesta en práctica con frecuencia se ve entorpecida. Ya en 1998 la resolución 3.710 del Consejo General de Educación (CGE) dispuso que todas las escuelas deberán priorizar “su accionar hacia la comunidad mediante la orientación y apoyo a los procesos de integración de niños y jóvenes con necesidades educativas especiales”.
Otra resolución, la número 3.715 también de 1998, ordenó que “los equipos técnicos de educación especial revisen periódicamente la matrícula de las escuelas y servicios dependientes de la Dirección de Regímenes Especiales, promoviendo la integración a escuelas de EGB, en aquellos casos que sea posible”. Y la número 3.718 dispuso integrar “a la escolaridad común a los alumnos con necesidades educativas especiales que puedan beneficiarse con dicha acción”.
Pero en la práctica, dice Roque Santana, secretario gremial de la seccional Paraná de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) y papá de Facundo, “hay que pelear mucho para que te integren a tu chico. Se presentan muchas trabas que no tienen que ver con las normas sino con las personas. Las instituciones, es decir las escuelas, no asumen esto que dicen las normas, de integrar chicos cuando sea posible”.
En el caso de Facundo, hubo algunas cartas que le jugaron a favor. La primera, central, decisiva, la perseverancia de hierro de Marcela, la mamá, que no dudó en llegar hasta las puertas mismas del presidente del CGE, Oreste Felipe Ascúa, a quien pudo arrancarle la decisión de que se nombrara un maestro integrador para su hijo en una escuela común que no lo tenía.
“Pero también tuvimos la suerte de encontrarnos con una directora de escuela que aceptó a nuestro hijo”, dicen los papás.
Reclama por el derecho de su hijo a poder aprender
“¿Qué ocurre en la escuela común con respecto a la integración?”.
Patricia Juárez de Brown se hace esa pregunta una y otra vez, y la respuesta que halla es la misma: falta voluntad, ganas de enfrentar nuevos desafíos, solidaridad.
Patricia Juárez de Brown es mamá de Nicolás, un chico con síndrome de Down que en 2004 cursó el 4º grado en la Escuela Privada Rosario Vera Peñaloza del Instituto Mercedarias. Este año, cuando intentó inscribirlo para que siguiera cursando 5º grado, se encontró, dice, con la negativa de las autoridades de la escuela. “Este año las reglas de juego fueron otras”, explica.
LA CARTA.
La situación de Nicolás fue expuesta por su mamá en una carta abierta que dirigió a las autoridades del Consejo General de Educación (CGE), que tituló Abriendo puertas a la integración, y en la que puntualizó: “Integrar supone una toma de decisión por parte de la familia y la escuela. El camino no es fácil, pero vale la pena recorrerlo. A veces, nos quedamos en la buena voluntad de ciertos maestros, otras, en la desinformación y el poco compromiso de los directivos. Durante demasiado tiempo, los problemas de las personas con discapacidad han sido encarados por una sociedad discapacitante que enfatiza las dificultades más que las potencialidades”.
La mujerse pregunta. Con algo de bronca y algo parecido a la impotencia, la mujer entonces se pregunta: “¿Saben lo que les falta a ciertas autoridades (de cualquier repartición estatal o privada, en nuestro caso particular, en una institución religiosa), a ciertos maestros que piensan que las personas con síndrome de Down no pueden? Les falta voluntad, les faltan ganas de enfrentarse a los nuevos desafíos, desconocen los principios de solidaridad y los conceptos de derechos humanos”.
DIFERENTE.
La familia Brown es oriunda de Buenos Aires, y allí también debió ganar batalla tras batalla para conseguir que el pequeño Nicolás tuviera garantizado el elemental derecho de aprender, que ahora se ha visto retaceado. En Paraná no les resultó distinto, ni tampoco sencillo.
“Mi hijo ya iba el año pasado a la Escuela Rosario Vera Peñaloza. Estuvo cursando 4º grado, y pasó a 5º grado. Pero cuando lo fui a inscribir, las reglas de juego este año fueron otras. Y me las manifestaron 10 días antes de empezar las clases. Mi hijo iba a clases y estaba acompañado por una maestra integradora que la pagaba yo a través de mi obra social. Lo único que me dio la escuela es la posibilidad de matricularlo, y me cedió la silla”, dice.
Nicolás, dice la mamá, sólo tiene síndrome de Down, “que según las últimas definiciones, es una discapacidad de tipo intelectual. Es decir, es un chico con autonomía plena, y lo único que demanda de parte de la escuela, como a veces también ocurre con otros chicos que no tienen síndrome de Down, y sí dificultades de aprendizaje o que son repitentes, algunas adaptaciones de tipo curricular. Patricia Juárez de Brown explica que sin embargo este año esas adaptaciones curriculares tuvieron un límite en el Instituto Mercedarias, y la novedad la conoció de boca de la directora, la hermana Graciela Ojeda.
Un problema legal
La hermana Graciela Ojeda, directora de la Escuela Rosario Vera Peñaloza, que funciona en el complejo de las Hermanas Mercedarias, dice que el colegio puso una serie de condiciones para que Nicolás pudiera seguir cursando sus estudios, que sus padres no pudieron cumplir.
En primer término, la cuestión legal: la maestra integradora que acompañó a Nicolás durante todo 2004 fue rentada por la familia, con lo cual no tenía ninguna relación laboral con la escuela. “Ni el asesor legal ni la compañía de seguros iban a poder responder en caso de que ocurriera algún accidente de trabajo con esa docente”, dice la religiosa.
“Nosotros no cambiamos las reglas diez días antes de empezar el ciclo lectivo. Ya el año pasado habíamos intentado acordar una manera de trabajo de la maestra integradora. Yo puse como condición para que siguiera trabajando en la escuela, que los padres de Nicolás me presentaran el recibo de sueldos y el aporte al seguro, por eventuales riesgos en el trabajo. Pero eso no ocurrió, no pudimos llegar a un acuerdo”, señaló.
Pero además, arguyó, estaba la complejización de los contenidos que debían darse a partir de 5º grado y que, a su criterio, Nicolás no estaba en condiciones de poder seguir a buen ritmo.
El difícil camino de la integración en la escuela
UNA REALIDAD.
En los parajes rurales el 99 % de las personas con discapacidad no consigue acceder a los servicios educativos.
Aunque hay abundante reglamentación, no siempre resulta sencilla la incorporación de alumnos con necesidades educativas especiales en las escuelas comunes.
Las trabas existen y también la escasez de personal especializado; por eso, en ocasiones los padres deben pagar de su bolsillo el trabajo de los maestros integradores.
Enrique Sarfati se maneja con datos. Dice que en Entre Ríos hay unos 350 mil chicos, de los cuales entre 35 mil a 40 mil tienen algún grado de discapacidad. Desde el Estado, existe una estructura compuesta por 60 servicios especializados en brindar educación para una matrícula de entre 25 a 30 alumnos por escuela, con lo cual “menos del 3 % de nuestra población discapacitada” es alcanzada. “¿Y los demás?. Nos quedan más de 30 mil niños discapacitados sin educación en nuestra provincia”, dice Sarfati.
PRIMERA PERSONA.
Sarfati integra la Asociación de Discapacitados de Áreas Rurales, que conforman las poblaciones de Feliciano, San Jaime de la Frontera y Chajarí. Es también vicepresidente de la Región Latinoamericana de la Organización Mundial de Personas con Discapacidad. Es ingeniero agrónomo. Sarfati es discapacitado.
Y alguna vez también fue un nene en edad escolar con necesidad de ir a la escuela. “Cuando tuve edad de ingresar en la escuela primaria, mi madre me inscribió, como lo haría cualquier chico a esa edad y le rechazaron mi inscripción. Jamás podría escribir, así le dijeron en la escuela. ¡Imagínense! En ese momento se jugó todo mi futuro. Por suerte mi madre tuvo confianza en mí y al año siguiente pude ingresar en la escuela. Ya había aprendido a leer, escribir, sumar y restar”, contó el año pasado frente a una audiencia que debatía las diversas aristas de la educación en la provincia, esa vez ligado a la integración.
DISCRIMINACIÓN.
Sarfati supo leer, escribir, sumar y restar, y llegó a la Universidad y se recibió de ingeniero agrónomo, y entonces pensó que ya no habría barreras. Pero Sarfati se equivocó. Fue la vez aquella que se presentó a un concurso organizado por el Consejo General de Educación (CGE) para cubrir horas cátedra en la Escuela Normal Rural Almafuerte, donde se forman docentes. “Para mi sorpresa, retiran mi planilla de inscripción del concurso y me lo justifican diciendo que las personas con discapacidad no podemos dar clase, aunque tuviese el título habilitante”, recuerda.
Sarfati emigró a Corrientes, donde había cursado sus estudios universitarios, y consiguió dar clases en una escuela agrotécnica, en Sauce. Y todavía hoy, 30 años después, espera que alguien en representación del Estado entrerriano, le pida disculpas por aquella actitud bárbara.
Mientras, sigue reclamando que algo cambie en el sistema educativo. Que haya cambio de actitudes. Que haya formación especializada de docentes. Que los programas de estudio contemplen la diversidad. Que los métodos y técnicas de enseñanza sean accesibles para todos los alumnos. Que existan modos de comunicación alternativos. Que haya también técnicas de aprendizaje alternativas. Que el entorno físico sea accesible.
Que haya, también, dice Sarfati, mayor atención del Estado. Sobre todo en los parajes alejados de los centros urbanos más o menos urbanizados. “En las zonas rurales, el 99 % de las personas con discapacidad no consigue acceder a los servicios educativos. Es un dato terrorífico. A la discapacidad le agregamos un hecho más que los margina mayormente. Además de no estar inscripto en un sistema de salud, además de no poder incorporarse a la vida laboral, la persona le suma la imposibilidad de acceder al derecho a la educación. Este es un hecho no sólo de Entre Ríos. Esto es nacional y latinoamericano”, afirma.
Datos importantes
En el país, la población con discapacidad representa el 7,1 % de la población total que vive en localidades de más 5.000 habitantes y la prevalencia es levemente superior en las mujeres (7,3 %) que en los varones (6,8 %).
En números absolutos, el total de las personas con discapacidad asciende a 2.176.123 (1.010.572 varones y 1.165.551 mujeres).
Edades. En cuanto a la estructura por edad de la población con discapacidad, los resultados de la Encuesta Nacional sobre Discapacidad presentan un porcentaje en ascenso a medida que se avanza en edad. El 3 % del total del grupo de edad 0 a 14 años (alrededor de 250.000 personas), el 5,5 % de la población entre 15 y 64 años (1.000.000 de personas aproximadamente) y el 28,3 % de la población de 65 y más (cerca de 860.000 personas), tienen alguna discapacidad.
Cantidad. En relación con la cantidad de discapacidades por persona, lo que puede reflejar cierto grado de criticidad, se observa que del total de personas con discapacidad, casi las tres cuartas partes (73,9 %) están afectadas por una sola discapacidad, la quinta parte (20,2 %) por dos, y una menor proporción (5,9 %) por tres y más discapacidades.
El 73,9 % está afectada por una sola discapacidad:
31,0 % sólo por discapacidad motora
14,4 % sólo por discapacidad visual
12,2 % sólo por discapacidad auditiva
12,1 % sólo por discapacidad mental
2,1 % sólo por discapacidad del habla
2,1 % sólo por otro tipo de discapacidad
El 26,1 % restante manifiesta dos o más discapacidades
Conformarán una asociación de padres de niños autistas
Un grupo de padres de chicos autistas lanzó la invitación para conformar en Paraná una filial de la Asociación de Padres de Autistas (Apadea).
Para ello, se invitó a padres de niños y jóvenes con trastorno generalizado del desarrollo (TGD), dentro del espectro autista, a una reunión para organizar Apadea a nivel local. La entidad a conformar, indicaron los organizadores, será una asociación es sin fines de lucro.
Para mayor información, los interesados pueden contactarse con Marcela Tornelli (teléfono 4349144), Marina Acosta (4219625) o Erica Wilich (154 287488).
Fuente: Diario de Paraná
