Estimada Presidenta de la Comunidad de Madrid:
Le agradezco la amable carta que nos dirige a los profesores pidiéndonos nuestro esfuerzo, si bien me parece una falta de delicadeza por su parte que se la haya enviado también a los compañeros que se han quedado sin trabajo como consecuencia de las medidas adoptadas por la Consejería de Educación, sobre todo, si se tiene en cuenta que en su misiva usted misma muestra su preocupación por los ciudadanos que son despedidos y los jóvenes que se quedan en paro. Por otra parte, me veo en la obligación moral de responderle con el fin de ofrecerle un punto de vista acerca de la situación de la enseñanza en la Comunidad de Madrid distinto del suyo y del de sus colaboradores, por si acaso le fuera de utilidad para examinar sus propios planteamientos gracias al diálogo con quienes piensan de diferente modo.
Aunque es totalmente cierto que padecemos una gravísima crisis económica que exige el esfuerzo de todos los ciudadanos, y especialmente de los funcionarios, me pregunto si los recortes en el ámbito de la educación que ha realizado apresuradamente la Consejería de Educación durante el mes de julio no se deberán también a una deficiente gestión económica derivada a su vez de una política educativa errónea.
En primer lugar, la Consejería de Educación se ha empeñado en llevar a cabo un ambicioso proyecto de creación de centros educativos bilingües que no solamente requiere una inversión excesiva para el presupuesto del que dispone, sino que muchos docentes―entre los cuales hay numerosos profesores de inglés― consideran discutible, perjudicial para la enseñanza de otras materias, e, indirectamente, un obstáculo para el aprendizaje de la lengua castellana. Paradójicamente, a la vez que pretende potenciar de este modo la importantísima enseñanza de las lenguas extranjeras, que tan necesaria es en nuestro país, desatiende y desaprovecha la red pública de Escuelas Oficiales de Idiomas, en las que, curso tras curso, muchas personas se quedan sin ser admitidas. Además, en relación con la formación del profesorado en lenguas extranjeras, valora más un curso de un par de semanas ofrecido por algunas instituciones privadas que unos estudios de seis cursos académicos cuyos títulos están homologados con los establecidos por la Unión Europea.
En segundo lugar, se ha propuesto la implantación de institutos tecnológicos que, además de resultar carísimos tanto por su creación como por su mantenimiento, no garantizan por sí mismos la mejora de la calidad de la enseñanza, sino que, según algunos estudios realizados en otros países sobre el uso de las nuevas tecnologías en la educación, no la elevan necesariamente e incluso pueden empeorarla si dichos medios no se usan con prudencia y moderación. En cambio, ha dotado a los demás centros de tan solo una o dos pizarras digitales, lo cual supone un gasto ineficaz en algo que, dadas las circunstancias, tal vez no sea realmente prioritario. Así que, si bien resulta conveniente introducir el uso racional de las nuevas tecnologías en la educación, tal vez este no sea el modo más justo ni tampoco el más económico.
En tercer lugar, ha decidido crear «institutos de excelencia» en vez de usar los recursos humanos y materiales de cada centro para atender debidamente a esta minoría de alumnos en todas las localidades de nuestra comunidad con independencia de su distancia a Madrid capital. Con ello deja sin atender a muchos alumnos que, en efecto, tienen derecho a ello, y fuerza a otros a desplazarse innecesariamente. Aunque es absolutamente cierto que el sistema educativo debe enseñar adecuadamente también a los alumnos más aventajados y con mayor interés por el estudio, quizás no se han tenido en cuenta las consecuencias que pueden tener en los demás institutos la pérdida de dichos alumnos, ni, lo que es aún más importante, la difícil situación en que se quedarán los buenos estudiantes que deseen estudiar bachillerato, pero no logren ser admitidos en los «institutos de excelencia».
En cuarto lugar, la Consejería de Educación ha asumido toda la formación del profesorado en lugar de permitir que también las universidades, las fundaciones y otras instituciones contribuyan a ello, tal y como se hace en otras comunidades autónomas, en algunos casos gratuitamente. De hecho, hay un acuerdo entre las comunidades autónomas del Estado español sobre el reconocimiento recíproco de los cursos de formación del profesorado firmado por todas ellas excepto por la Comunidad de Madrid. Evidentemente, esta medida fuerza a veces a los profesores a formarse mediante cursos que no les satisfacen, a la vez que les priva del tiempo necesario para realizar otros estudios que, por cierto, han sido los más valorados para poder ser profesor en el único «instituto de excelencia» creado hasta ahora.
En quinto lugar, ha realizado campañas publicitarias con fondos públicos con el fin de difundir demagógicamente su propia política educativa, así como para fomentar con carteles y anuncios televisivos la autoridad del profesorado, cuando es evidente que sería mucho más eficaz garantizar unas condiciones de trabajo que favoreciesen la disciplina en el aula necesaria para poder enseñar y aprender. Además, resulta sorprendente que, después de malgastar el dinero público con este último fin, la propia Presidenta de la Comunidad de Madrid y su Consejera de Educación manifiesten su falta de estima por el trabajo de los profesores de la enseñanza pública y fomenten con sus sesgadas declaraciones una imagen de ellos que, en la gran mayoría de los casos, no se corresponde con la realidad.
Por último, en nombre de la libertad de enseñanza y la libertad de creación de centros educativos, ambas recogidas claramente en la Constitución Española, ha favorecido de distintos modos a la red de centros concertados, lo cual ha conducido indirectamente a un progresivo deterioro de los colegios e institutos públicos. Así, la tantas veces mencionada libertad de elección de centro se ve ahora claramente condicionada por la desigualdad en el trato que reciben estos dos tipos de centros educativos. Por ejemplo, algunos padres reconocen verse forzados a elegir centros concertados para sus hijos a causa de la distribución arbitraria del alumnado y de los recursos entre los centros de las zonas o de las localidades en que viven, pero no por compartir su ideario.
Por estos motivos, considero que los recortes que ha realizado la Consejería de Educación quizás se deban también a la imposibilidad de asumir económicamente todos estos aspectos de su discutible política educativa, sobre todo en esta dura época de crisis. Si no los revisa y corrige, el único recurso que le queda es, en efecto, la supresión de puestos de trabajo en la enseñanza pública, para lo cual le basta con aumentar las horas lectivas asignadas a cada profesor e improvisar sin el necesario análisis medidas sobre las tutorías que, por cierto, ha modificado en un solo mes. Lo verdaderamente grave de estas decisiones es que no contribuyen a mejorar la calidad de la educación pública, sino que, muy probablemente, la empeoren por más que los profesores procuremos impedirlo.
Con la confianza de que al menos reflexionará sobre la conveniencia de los recortes en educación que su gobierno ha adoptado recientemente, se despide de usted un profesor que se compromete públicamente a seguir esforzándose al máximo por elevar la calidad de la enseñanza, pero que, no obstante, disiente de muchos de sus criterios sobre esta cuestión. Por supuesto, esta discrepancia no implica que esté enteramente de acuerdo con las leyes educativas propuestas por sus adversarios políticos, pues también me parecen desacertadas en numerosos puntos. De ahí que siempre haya sido partidario de un pacto sobre la educación entre todos los partidos políticos.
Ahora bien, dadas la incapacidad y la falta de voluntad de nuestros políticos para llegar a un acuerdo, ya solo confío en aquellos compañeros a los que admiro por su profesionalidad y de los cuales aprendo sin que ellos lo pretendan, en los padres y madres que colaboran cordialmente con los profesores por el verdadero bien de sus hijos, y, sobre todo, en los alumnos que, curso tras curso, están dispuestos a aprender la materia que imparto, estudio y amo. En fin, le confieso que, después de más de veinte años dedicados a la docencia, únicamente deseo ser capaz de enseñarles tanto y tan bien como mis mejores maestros y profesores me enseñaron. Reconozco, sin embargo, no estar a su altura.