La vuelta al curso escolar suele plantear el inicio de una nueva etapa que supone retos y objetivos renovados, sin embargo, en esta ocasión, la gestión de la crisis ha confirmado los peores pronósticos que se anunciaban a principio de verano. La presión que los mercados ejercen sobre España para acabar con los déficits presupuestarios ha pasado a los Gobiernos autónomos. Los recortes se han dejado sentir especialmente en la educación pública, en Comunidades Autónomas como Madrid, Galicia, Castilla la Mancha, Cataluña o Navarra, donde se opta por enfocar la educación como un gasto y no como una inversión, obviando que ésta un enfoque de gasto y no de inversión, obviando que es uno de los pilares del Estado de Bienestar, imprescindible para la construcción de la democracia y la igualdad, así como para el desarrollo económico y social.

Un ejemplo del tijeretazo es el que se está produciendo en la Comunidad de Madrid con la reducción de un 15% de plantilla, (casi 3.200 profesoras y profesores interinos) y otras medidas, como el aumento de horas lectivas del profesorado de secundaria y las jefaturas de departamento, o la reducción de personal para la coordinación de las TIC y de Proyectos Bilingues en los colegios de infantil y primaria o el/la coordinador/a de biblioteca. Además se suprimen o reducen los planes locales de mejora en colegios e Institutos.
Las consecuencias de las acciones llevadas a cabo en la Comunidad de Madrid, que se suman a las ya efectuadas en el curso 2009-10, y las del resto de Comunidades donde se está administrando la medicina de recortes en materia educativa (se estima que este curso contará con 13.000 profesores y profesoras menos, frente a un aumento del 4,2% del alumnado) se van a ver reflejadas en la organización de los centros públicos, que contarán con menos recursos humanos, económicos y materiales.
La no contratación de profesorado y el aumento de horas lectivas (que no de horas laborales, como en un primer momento declaró la Presidenta de la Comunidad de Madrid), y la supresión de presupuesto para programas se traduce en el aumento de número de alumnos y alumnas por clase, la supresión de grupos reducidos en asignaturas instrumentales y laboratorios, la supresión de programas de orientación, proyectos de centro, mayor dificultad para hacer desdobles y apoyar a quien tiene dificultades de aprendizaje, menos actividades extraescolares, dificultades para suplir las bajas por enfermedad o la necesidad de cubrir asignaturas con profesorado no especializado en la materia… en definitiva, un proceso que dificultará enormemente los objetivos que nos debemos plantear para desarrollar un educación de calidad, donde cada persona tenga las mismas oportunidades de acceso al conocimiento, al propio desarrollo y al aprendizaje de la convivencia democrática, como parte de su formación como ciudadana y ciudadano.
No es difícil leer entre líneas el concepto de modelo educativo que se defiende tras los recortes.
En primer lugar se mantiene un discurso esquizofrénico sobre la figura del profesorado. Por una parte plantean la necesidad de dotar de autoridad al profesorado, (un fin que defendemos ya que los sistemas educativos con mejores resultados, son aquellos donde la labor del docente está altamente valorada); sin embargo, por otra, se insinúa que no trabajan lo suficiente (los comentarios, en este sentido de Esperanza Aguirre y Ana Botella, fueron elocuentes).
En segundo lugar se plantea la educación como un gasto que hay que reducir, sin tener en cuenta que generar conocimiento depende el desarrollo del país y que, ante todo, la educación es un derecho fundamental de las personas a lo largo de la vida, e imprescindible en las primeras etapas. La educación temprana ha demostrado ser un elemento esencial para el desarrollo integral de la persona, corrector de desigualdades y factor de cohesión social.
Es importante recordar que la Unión Europea, llamó la atención sobre el fracaso escolar en el sistema educativo español (31,2% en el año 2011), advirtiendo que los y las jóvenes que dejan los estudios antes de obtener una graduación se enfrentan a graves dificultades para encontrar trabajo y tienen mas posibilidades de estar desempleados. Evidentemente, para paliar esta situación se necesita un esfuerzo en inversión, máxime cuando en España no se ha alcanzado la media Europea. En situaciones como la de la Comunidad de Madrid, la situación es doblemente dramática, ya que es la que menos invierte de toda España, con un 2,46%).

En tercer lugar, los recortes van acompañados de medidas que definen un modelo de la escuela que está en las antípodas de la igualdad de oportunidades. El bachillerato de excelencia o la segregación por sexos son dos caminos que dibujan un sistema donde la competitividad y el sálvese quien pueda, es decir, quien tenga dinero para pagarlo, marcan una tendencia orientada a la formación para el mercado, y no para la vida ni para la convivencia democrática. Está demostrado que el modelo segregado no es efectivo, ni incrementa la eficacia en la escuela, y perjudica al conjunto del alumnado al que no se le da la oportunidad de enriquecerse con un aprendizaje basado en la cooperación y el encuentro en la diversidad.
La contundencia con la que ha respondido el profesorado, señalando que es fundamental parar esta sangría de trabajadores, medios y recursos (en las concentraciones y manifestaciones, muchos de los profesores y profesoras portaban pancartas que denunciaban el descenso de contrataciones y los recortes en los programas de cada uno de sus colegios) responde a una preocupación por defender condiciones laborales que garanticen una educación de calidad para todos y para todas.
Estamos hablando por tanto de una educación inclusiva, cuyo objetivo básico es no dejar a nadie fuera del proceso educativo y en la que el profesorado responde a las necesidades de cada uno de los alumnos y alumnas, con tareas como organizar la atención a la diversidad, adaptar los currículos y los métodos de aprendizaje, organizar actividades de colaboración y participación con las familias y las organizaciones sociales. En definitiva, ocuparse directa y abiertamente de las necesidades y posibilidades de todos y cada uno de los alumnos y alumnas. ¿Pero cómo hacer todas estas tareas cuando hay reducción del profesorado y no se consideran lectivas las horas que no sean impartición de materias?
Cuando, en estos días, se afirmaba que los profesores y profesoras solo trabajaban veinte horas, no solo se erraba sobre el concepto de enseñanza y labor docente; también se declaraba que la formación se suscribe al contenido de las materias, obviando que en el centro educativo, todo educa para “ser”. Tal y como afirmaba el informe Delors “la educación encierra un tesoro”, más importante que adquirir unos conocimientos concretos, es enseñar a aprender y proporcionar las competencias y valores necesarios para convivir en un mundo global, en un tiempo de cambios vertiginosos. El aprendizaje de datos debe ser sustituido por la capacidad de procesar la información de forma crítica y autónoma, porque vivimos en una sociedad donde la información es asequible a través de diversos medios, y especialmente gracias a las nuevas tecnologías.
Los cuatro pilares del Informe Delors: aprender a aprender, aprender a convivir, aprender a ser y aprender a hacer, están, hoy, más vigentes que nunca y se concretan en la vida y el proyecto del centro que a través de proyectos y metodologías activas y participativas, centradas en el alumnado y abiertas a la familia y el entorno social, gestionan la formación desde una perspectiva integral y democrática.
Este es el modelo educativo en el que creemos y por el que apostamos, porque en estos momentos de profunda transformación social, es necesario formar a ciudadanos y ciudadanas con plenos derechos, que aprendan a habitar el mundo participando en el desarrollo medioambiental y sostenible, en la construcción de la paz, la igualdad entre hombres y mujeres, la participación de las personas con otras capacidades, el desarrollo personal y afectivo sin discriminación por orientación sexual, la interculturalidad y la cooperación al desarrollo.
De estos valores depende el futuro de la humanidad y del planeta. Son estos valores a los que cada día, miles de profesores y profesoras, dedican todo su esfuerzo y energía. Aquí no sobra nadie, ni sobra un recurso. Falta el convencimiento en que la educación puede cambiar el mundo. Falta marcar prioridades orientadas a lo que realmente es esencial: el futuro de las nuevas generaciones.
Por nuestra parte, estamos junto a los trabajadores y trabajadoras de la enseñanza, reivindicando y exigiendo y aportando nuestra colaboración en la construcción de la educación en la que creemos.
Porque ellos y ellas son quienes cada día se esfuerzan por que sus alumnas y alumnos aprendan a vivir en un mundo complejo y dinámico, de acuerdo con los valores de una ciudadanía responsable en la construcción de un mundo más solidario, justo y sostenible.